Etchevehere, el entrerriano que llena espacios en la sección judiciales

DE EXPORTACIÓN
Luis Miguel Etchevehere,secretario de Agroindustria de la Nación, fue denunciado penalmente por el delito de tentativa de defraudación a la administración pública por haber permitido a un grupo de cerealeras exportar cuando las retenciones eran un hecho. Se filtró un audio que aparece como una prueba letal para la causa que ya se inició en el fuero federal. Además el ex presidente de la Sociedad Rural Argentina acaba de cerrar con su hermana un acuerdo económico porque la había estafado y amenazado.

Federico Malvasio

Una más para el clan E. El devenido secretario de Agroindustria de la Nación, Luis MiguelEtchevehere, sumó una nueva denuncia. La formuló el abogado y ex legislador enrolado en la izquierda porteña, Marcelo Parrilli, quien denunció al funcionario nacional y un grupo de cerealeras por el delito de tentativa de defraudación a la administración pública y reclamó a la Justicia el allanamiento de esa cartera, el secuestro de documentación y una medida cautelar para que no se eluda el pago de las retenciones correspondientes.

La acción fue encarada el mismo día en que el Gobierno oficializó el restablecimiento de las retenciones a las actividades agrícolas e industriales para paliar la crisis cambiaria, cuestionando la acción de Agroindustria de mantener abierto el registro para Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) durante los dos últimos días de agosto, cuando los rumores de la aplicación de estas medidas ya circulaban con fuerza.

El gobierno nacional cerró formalmente ese lunes “hasta nuevo aviso” el registro de granos, pero eso ocurrió un día hábil después de que las empresas exportadoras declararan ventas por más de 8,5 millones de toneladas, equivalentes a unos 2.250 millones de dólares con las retenciones vigentes en soja (25,5 por ciento) y 0 por ciento en trigo y maíz.

Un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (Cepa), detalla que sólo nueve empresas agroexportadoras se beneficiaron en 1.933 millones de pesos al realizar declaraciones entre los días 30 y 31 de agosto, previas al anuncio oficial que repuso los derechos de exportación, con información privilegiada y el aval de Agroindustria.

La presentación se basa en una supuesta comisión del delito de defraudación por administración fraudulenta contra la administración pública en el grado de tentativa y apunta a Etchevehere y a quienes resulten coautoresde la maniobra ilegal.

El hecho puntual es una supuesta “registración irregular llevada a cabo entre el 27 y el 31 de agosto de 2018, en el registro respectivo, de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DIVE) de granos, oleaginosas y subproductos de los mismos con el evidente propósito de facilitar la elusión del pago de las retenciones impositivas sobre los mismos fijadas por el gobierno nacional”, según la denuncia a la que tuvo acceso EL SECTOR.

Etchevehere –según el denunciante – mantuvo abierto un registro que debería estar cerrado posibilitando así la elusión impositiva por parte de quienes resultan coautores de la maniobra ilícita que se denuncia, con “grave perjuicio para la administración pública en cuanto se la priva de la percepción de un impuesto nacional”.

O sea, antes de que el gobierno ordenara cerrar el registro de DJVE, los exportadores se apuraron a declarar ventas con las retenciones vigentes en soja y con 0 por ciento en trigo y maíz por más de 8,5 millones de toneladas por 2.250 millones de dólares. Por ejemplo, se anotó casi la mitad del maíz, unas 6 millones de toneladas. Las flamantes retenciones no tocan ese cereal.

En otro tramo de la denuncia se indica que “a fin de incautar la prueba documental que resulte de importancia para la investigación” se solicita el allanamiento del Ministerio de Agroindustria sito en la avenida Paseo Colón 982 de la ciudad de Buenos Aires en todas sus dependencias”.

“El secuestro deberá versar sobre todos los antecedentes documentales, en soporte papel e informático, de los antecedentes de apertura y cierre del registro de exportaciones como así también de todas las operaciones de registro en el mismo ocurridas entre los días 27 y 31 de agosto de 2018 inclusive de declaraciones juradas de venta al exterior de granos, oleaginosas y subproductos de los mismos”, se añade.

El juez Sergio Torres ya dio traslado de la denuncia al fiscal Gerardo Pollicita, quien debe dictaminar como debe avanzar la investigación.

El audio y la prueba

Luego de que se conozca la denuncia y trascienda en algunos medios alternativos, se reveló elemento impactante. Se trata de un audio que le endilgan a Santiago del Solar, el segundo de Etchevehere en la Secretaría de Agroindustria, de haberlo filtrado.

Etchevehere, en el medio de la polémica por la denuncia presentada, culpó a las agroexportadoras nucleadas en Ciara-CEC porque se adelantaron a la medida y unos días antes inscribieron 8,5 millones de toneladas en el DJVE. El secretario reaccionó con furia y les solicitó a las firmas documentación que respalde las operaciones. Los empresarios aseguran que las inscripciones se hicieron en el marco de las normas vigentes y que se presentarán ante todo organismo que lo solicite. Los que están cerca de Etchevehere cuentan que el secretario pasa por sus peores días en el Gabinete dado que, no sólo fue denunciado por defraudación contra la administración pública, sino que en la Casa Rosada vuelven a acusarlo por negligencia.

Pero las miradas también apuntan contra el jefe de Gabinete de Agroindustria. Del Solar es un hombre con extensa trayectoria en Aacrea y en la Sociedad Rural (SRA) le adjudican ser el “monje negro” de Etchevehere.

Del Solar admitió ser el autor de un audio de Whatsapp – al que tuvo acceso EL SECTOR – en el que adelanta al presidente de Aacrea, Francisco Lugano, detalles de la medida que finalmente se tomó. Y no solo eso: también reconoció que Etchevehere llamó a otras entidades.

De inmediato se generó un enorme grado de polémica porque Agroindustria no podía comunicar nada hasta la publicación de la medida en el Boletín Oficial dado que rigen los principios particulares del Código de Ética en la Fundación Pública, según se publicó en el sitio La Política On Line.

El artículo 19 de dicho Código -que habla de “Discreción”- dispone que “el funcionario público debe guardar reserva de hechos o informaciones de los que tenga conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones”.

La relación entre Etchevehere y Del Solar no pasa por su mejor momento y toda esta polémica no hizo más que enrarecer el clima que en estos días se vive en una Secretaría minada de conflictos políticos, económicos y laborales.

Del Solar sigue de cerca la Ley de Semillas y en su momento fue mencionado como el autor de una serie de presiones a los directivos de CRA para que se bajen de un proyecto conjunto que iban a presentar con Federación Agraria (FAA).

Dolores de cabeza menos

La familia Etchevehere puso fin a una larga batalla judicial y atrás quedaron las múltiples denuncias judiciales de Dolores, la hermana descarriada, por estafa, evasión tributaria, vaciamiento de empresas, amenazas y una larga lista de etcéteras.

Hace unos días, después de unos cuantos años de litigio, el abogado Santiago YofreSolanet, apoderado legal de Dolores Etchevehere, difundió una carta anunciando que habían llegado a un acuerdo que pone fin a todos los procesos judiciales tanto en el ámbito civil como penal, suscitados en un conflicto familiar que se mantenía en el marco de la sucesión de Luis Félix Etchevehere.

La carta también expresa el compromiso de retirar todas las denuncias donde Dolores se presentaba como querellante o actora contra su madre, Leonor María Magdalena Barbero Marcial, y sus hermanos, Luis Miguel, Sebastián y Juan Diego Etchevehere.

La decisión ya fue notificada a los respectivos juzgados donde tramitaban las causas, aunque todavía no hay resolución al respecto, como lo confirmó el abogado Leopoldo Lambruschini, representante de los denunciados.

“Entendemos que por tratarse de delitos de naturaleza patrimonial, y tal como estaban planteados en la descripción de los hechos que hizo la fiscalía, donde la perjudicada era Dolores Etchevehere, no habría ningún inconveniente para solucionar el conflicto mediante una conciliación entre las partes y, en ese marco, presentamos un acuerdo al juzgado”, explicó el abogado Lambruschini.

En principio, los defensores de los Etchevehere presentaron el acuerdo ante la jueza Paola Firpo y solicitaron el sobreseimiento. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal podría oponerse y continuar con la investigación penal.

El fiscal Álvaro Piérola tiene a su cargo una investigación por administración fraudulenta contra Luis Miguel, Sebastián Etchevehere y Juan Diego Etchevehere, Leonor María Magdalena Barbero Marcial y Luis Alberto Guevara, como integrantes del directorio de Sociedad Anónima Entre Ríos, en el período 2011-2015, ante la sospecha de vaciamiento de la empresa editora de El Diario mediante la venta simulada de inmuebles. (Ver recuadro)

Dolores Etchevehere había denunciado que sus familiares solicitaron un crédito subsidiado con el fin de destinar ese dinero a tareas productivas; pero ese dinero no habría sido utilizado para tales fines.

A la vez, en los tribunales federales tramita otra denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), un organismo que depende de la Procuración General de la Nación, en la que se consignó que “vaciamiento económico y patrimonial de SAER” derivó en un “incremento patrimonial injustificado” por parte de los miembros de la familia Etchevehere, al “comprar” los inmuebles a través de una empresa en apariencia insolvente al momento de la operación.

Lambruschini sostuvo que “no es caprichosa la decisión de Dolores Etchevehere (de firmar un acuerdo de conciliación) respecto de la compraventa de inmuebles de SAER porque se fundamenta en una serie de informes de AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) que dan cuenta de que esas operaciones fueron reales, que estaban bancarizadas, que los fondos estaban justificados y, por lo tanto, no hay evasión tributaria. La justicia no debería apartarse de ese dictamen de AFIP”, concluyó.

Etchevehere fue uno de los nombres que sonó con fuerza como posible candidato a gobernador de Entre Ríos. Sin predicamento dentro de la UCR, partido al que es afiliado, su principal capital político fue siempre su llegada a Mauricio Macri.

La familia Etchevehere tiene varias causas judiciales. Una de ellas está relacionada a la venta del paquete mayoritario de acciones de El Diario de Paraná, un matutino de 104 años que en mayo dejó en la calle a 79 trabajadores sin causas ni cumplimiento de las indemnizaciones. Fue el resultado de una larga agonía que comenzó con el gerenciamiento de Walter Grenon, un mutualista que se hizo cargo del medio en 2010 a cambio de jugosos negocios con el gobierno anterior de Sergio Urribarri. Hasta principios de año, Juan Diego fue representante en Entre Ríos del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), mientras que Sebastián supo desempeñarse como directivo de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa).

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