La ofrenda del ajuste

Por Mariana L. Gonzalez
El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tendrá consecuencias económicas y sociales profundamente negativas que se extenderán en el tiempo y condicionarán el futuro de los argentinos. Uno de los ejes centrales del plan económico que el gobierno compromete ante el organismo multilateral es la reducción del gasto público, concentrado principalmente en tres rubros: el gasto de capital, la masa salarial de los empleados públicos y los subsidios a la energía y el transporte.
El gasto de capital es el que se destina a obra pública del Estado Nacional o a través de transferencias a las provincias. Este gasto equivalía al 2,7 por ciento del PIB y ya se había reducido en 2017 al 2,0 por ciento. Se pretende ahora hacer un recorte adicional de 1,6 por ciento del PIB en tres años, que implica que este tipo de gasto prácticamente desaparecería; el propio Ministerio de Hacienda planteó una reducción en términos reales del 81 por ciento. Las obras por contratos de participación público-privada, que el gobierno presenta como alternativa ante este recorte, también se verán limitadas por este acuerdo con el FMI.
Sin obra pública se deja de invertir en actividades estratégicas para el desarrollo nacional, como las rutas y autovías y la infraestructura energética. También en obras que sirven para mejorar las condiciones de vida de la población, como escuelas, universidades, hospitales, viviendas, etc. Con este recorte la construcción se resiente, y lo mismo ocurre con el empleo en ese sector y en la economía en general.
El gasto en salarios se pretende recortar en los próximos tres años en el equivalente a 0,5 por ciento del PIB (alrededor del 15 por ciento en términos reales) a través de la reducción de la cantidad de empleados públicos y del poder adquisitivo de sus sueldos. Para reducir la cantidad de empleados se anunció un congelamiento de la planta de estatales por dos años, la finalización de todos los contratos indirectos de personal a través de universidades públicas y la continuidad del plan del Ministerio de Modernización denominado con el eufemismo “optimización de dotaciones”, según el cual se quiere despedir a 30.000 trabajadores hacia fines del año próximo.
Estas medidas afectarán directamente a los empleados contratados por el Estado nacional y sus familias, que ya vienen siendo golpeados desde la asunción del gobierno de Cambiemos. Pero el impacto llegará más allá. Proponer reducciones en el empleo y en el salario real, en un contexto donde la economía se dirige hacia una recesión inducida, seguramente acelere y profundice esa recesión. En este marco, el gobierno compromete ante el FMI un nivel de inflación de 27 por ciento pero pretende un techo sustantivamente más bajo en las paritarias.
A su vez, se continuará recortando los subsidios económicos a la energía y transporte. El conjunto de subsidios económicos era el 3,4 por ciento del PIB en 2015, cayó al 2,2 por ciento del PIB en 2017 y se pretende alcanzar 1,1 por ciento del PIB hacia 2020. Ello implica continuar con los aumentos tarifarios en los servicios y en el transporte público, profundizando las consecuencias ruinosas que estos aumentos repentinos y desmedidos tuvieron sobre una gran proporción de los hogares argentinos y sobre la actividad productiva de pequeñas empresas.
Finalmente, aunque no menos importante, se vuelve a plantear la intención de avanzar en una reforma previsional que seguramente implicará mayores años de aporte y menores haberes jubilatorios, y se afirma que podrán liquidarse activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para financiar los pagos de pensiones y jubilaciones.
Los efectos no se limitan sólo al recorte de gasto público, que ya estaba en la mira del gobierno. También se busca restringir las posibilidades de acción del Banco Central y se continúa aumentando el endeudamiento externo sin condiciones que aseguren su sostenibilidad. Los desequilibros externos no sólo no se corrigen sino que se agravan y, de existir algún “alivio” de la restricción externa sólo sería a través de la recesión económica. Como si esto fuera poco, se aceptan condicionamientos sobre la política económica y social que atan de manos al gobierno, incluso después de 2019. La vuelta al FMI no es la salida, es el hundimiento en la crisis.

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