Primero los intereses económicos… después el ambiente y la vida

Por Luis Lafferriere (Docente universitario – Director del programa de extensión “Por una nueva economía, humana y sustentable” de la carrera de Comunicación Social (UNER) – Miembro de la Junta Abya Yala por los Pueblos Libres y del Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria Argentina.)

 

En este mundo patas arriba, con las prioridades oficiales a contramano de los intereses sociales, los supremos valores de la salud, el ambiente y la vida se dejan de lado en las políticas públicas, para garantizar a rajatablas los sagrados intereses del capital. El progreso no se mide en términos de calidad de vida del conjunto sino de aumentos del Producto Bruto Interno y de un buen clima para hacer negocios rentables.

 

Es que la lógica económica del orden social vigente ha logrado imponer su rumbo a todo el sistema y subordinar al resto de las esferas en función de sus particulares objetivos: la búsqueda de la máxima ganancia y del mayor crecimiento posible. En ese contexto, la política pasa a jugar un rol esencial para garantizar que si existe colisión entre el bien común y la rentabilidad empresaria, habrá que sacrificar a la salud de la población para beneficiar la salud los negocios. La cultura dominante se encarga de justificar semejante aberración, apoyada en el discurso oficial de quien gobierne y en la prédica de los grandes medios de in-comunicación y des-información.

 

La marcha rauda del capitalismo, que se ha expandido en todo el planeta y ha aplastado muchas otras formas de organización social, no reconoce límites en términos de humanidad o ambiente. Más de la mitad de la población mundial (son miles de millones de seres humanos) son condenados a vivir en la pobreza estructural. Y los más de siete mil quinientos millones que habitamos la nave Tierra estamos expuestos a la depredación infernal que significa extraer en cantidades gigantescas y a velocidades cada vez mayores los bienes comunes que tenemos para vivir, llegando a situaciones de creciente escasez y cercanos colapsos, en términos de energía, alimentos y agua potable, entre otros recursos que son esenciales para mantenernos con vida.

 

En nuestro país, parte de la periferia dependiente del sistema mundial capitalista, las grandes corporaciones y el capital financiero usurario internacional se han apoderado de nuestro territorio, y sólo lo consideran como una zona de sacrificio para el saqueo y la acumulación desenfrenada. Para eso cuentan con la complicidad de sus aliados nativos, que suman su colaboración a cambio de compartir parte del botín. Están actuando dentro de la lógica consensuada del sistema económico, sólo que al acumular tanto poder pueden manipular los mercados y la actividad económica en perjuicio del resto de la sociedad.

 

Mientras tanto, la política y los políticos, concientes de la magnitud de ese poder, han encontrado un camino cómodo de gestionar el Estado, poniéndolo a su servicio y olvidando que, al menos en teoría, la democracia debería ser el gobierno del pueblo y para el pueblo, que es quien sostiene con su trabajo a toda la sociedad y a la propia estructura estatal.

 

En la Argentina, el actual modelo económico-social gestado luego de llevar a una crisis terminal al anterior modelo de acumulación (de industrialización por sustitución de importaciones), implica una estructura dependiente primarizada y sometida a la voracidad de la especulación financiera, el saqueo y la corrupción. Es este modelo neocolonial extractivista el que explica cómo una sociedad con escasos cuarenta y pico de millones de personas, que posee uno de los territorios más ricos y extensos del mundo, tiene a un tercio de su población viviendo en la pobreza, y dentro de ello a casi de mitad de los menores sufriendo esa situación calamitosa (con una proyección de llegar a superar los dos tercios en un futuro cercano). Basta con recordar que los menores de hasta dos años de edad que tienen deficiencias en su alimentación sufrirán daños cerebrales irreversibles por  el resto de sus días, para imaginarnos hacia dónde vamos.

 

En especial, es particularmente preocupante la naturaleza económica del modelo, que se basa en la sobreexplotación de los recursos naturales y en la megacontaminación del ambiente, elementos centrales que aseguran una sociedad sin futuro. Preocupante porque además de la fuerza destructora del capital más concentrado, se suma el poder político que sin distinción de banderías partidarias apoya esa dinámica demencial, sin considerar los desastres humanos y ambientales provocados sobre el conjunto de la sociedad.

 

Así, por ejemplo, cuando se trata de defender el modelo de producción-destrucción predominante en el campo argentino (con monoproducción de transgénicos y uso masivo de agrotóxicos), no hay demasiadas diferencias entre gobiernos de diferente extracciones partidarias. Fueron Menem-Solá quienes en los años noventa abrieron de manera irregular las puertas del país al paquete tecnológico de Monsanto. Fueron los Kirchner quienes más expandieron ese modelo biocida a lo largo de más de doce años, poniendo los intereses de las corporaciones como prioridad indiscutible ante los enormes daños sociales, sanitarios y ambientales que provocaba. Y es el actual gobierno nacional quien continúa y profundiza las políticas a favor de esta práctica depredadora.

 

Los gobiernos provinciales, incluido el entrerriano, subordinan el ambiente y la salud humana a los intereses de las corporaciones extractivistas

 

Pero también han sido protagonistas, promotores y responsables de este rumbo infernal los más variados gobiernos provinciales. Incluyendo, por supuesto, al actual gobernador Bordet y a sus predecesores. No podemos ignorar, por ejemplo, que después de muchos años de vigencia de la denominada “ley de la madera”, que impedía la venta desde Entre Ríos a la megapastera contaminante radicada en la vecina Uruguay, el ejecutivo provincial trabajó por su derogación, en perjuicio del ambiente y hasta de los propios intereses de las madereras locales.

 

Tampoco podemos olvidar otras repudiables acciones conjuntas de ejecutivos y legislativos entrerrianos, que en los últimos períodos gubernamentales protagonizaron hechos vergonzosos a espaldas de la sociedad. Así, a fines del año 2011 aprobaron una ley (denominada “Arroz SA”) por la que entregaban gratuitamente por 99 años (casi un siglo) la totalidad de las tierras fiscales de la provincia a una sociedad anónima a formarse (además de 50 millones de dólares), para producir arroz y soja en el delta (ley que fuera derogada unos meses después).

También a fines del 2014 (un 29 de diciembre) los senadores de entonces aprobaron sobre tablas la fraudulenta ley de los acueductos del norte entrerrianos, para llevar adelante una maniobra irregular con corporaciones chinas, y que a pesar de la resistencia de muchos sectores, la convalidaron los diputados en pleno mes de enero.

 

Nuevamente a fines de diciembre (ahora más reciente, en el 2017) se aprobó sobre tablas en el senado provincial un proyecto que permite fumigar con agrotóxicos hasta el mismo límite de las zonas urbanas, cuando la abrumadora evidencia científica y médica (a nivel nacional y mundial) demuestra los gravosos efectos que causan a la salud de la población.

 

Una muestra más de ese comportamiento servil hacia los que más riqueza acumulan es el Decreto 3593 del Poder Ejecutivo entrerriano. Con la firma del gobernador Bordet y los integrantes de su gabinete, se dispuso a partir del pasado mes de noviembre en el artículo 15 de la norma mencionada, el traspaso de la Secretaría de Ambiente a la órbita del Ministerio de la Producción. En la práctica eso significa que la orientación productivista a ultranza del ministerio de la producción, que durante las últimas gestiones justicialistas ha promovido, posibilitado y permitido una brutal expansión de la superficie cultivada con transgénicos en el territorio provincial (más del 80% del territorio cultivable con soja y maíz), desde el mes de noviembre de 2017 sea quien dirija también el área de medioambiente. Una aberración total desde el punto de vista de la lógica de la vida, pero coherente con un orden social donde lo más importante es promover la máxima ganancia y el máximo crecimiento, a costa de afectar negativamente a la sociedad y al ambiente.

 

Está claro que no podemos esperar que ‘desde arriba’ se planteen políticas que defiendan a la población, su salud y su entorno, ante los embates de los agrotóxicos y las persistentes agresiones al ambiente. No lo harán nunca por iniciativa propia. Lamentablemente no podemos esperar cruzados de brazos que nos regalen la imprescindible protección que merecemos como sociedad, aunque quienes ejercen la función pública estén en ese lugar para defendernos. La verdadera garantía para frenar ese rumbo enfermizo y destructor y para poner el rumbo hacia la construcción de otros mundos posibles, humanos y sustentables, es la resistencia activa y la participación masiva de la sociedad. Así lo están mostrando los grupos humanos que semana a semana aumentan su accionar en distintos pueblos entrerrianos, donde hay cada vez más conciencia de la necesidad de multiplicar las incipientes experiencias de producción agroecológica en marcha a la soberanía alimentaria.

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