Tiempo de revancha

Por Pablo Bosch

Siete días después de ganar las elecciones gobierno nacional lanzó un paquetazo de reformas, que en caso de prosperar, transformarán de raíz las relaciones entre trabajadores y empresas destruyendo las bases del derecho laboral que caracterizan a la sociedad argentina desde la etapa del primer peronismo. Analizamos los aspectos principales del proyecto y consultamos a los principales actores del mundo del trabajo.
La reforma laboral impulsada por la Alianza Cambiemos es más regresiva que las medidas aplicadas en Brasil. Apunta a desarticular las negociaciones colectivas, eliminar principios protectorios, facilitar el despido sin causa, extender la tercerización, abaratar las indemnizaciones y aumentar la jornada laboral. Se trata de una “refundación de las relaciones laborales” que busca fortalecer la posición de las empresas y subordinar con reglas del siglo XIX al sector de los trabajadores.
El alcance de esta reforma será tan profundo que transformará buena parte de los hábitos y prácticas sociales de los sectores populares, los que sentirán en sus cuerpos y relaciones familias las consecuencias de esta nueva flexibilización laboral. En palabras de Alberto Botto, referente del Movimiento Sindical de Rosario, “lo que buscan con esta reforma es precarizarnos enormemente y sacarnos los derechos que nos han costado mucha lucha conseguir. Esto está orientado a maximizar las ganancias del empresariado trasnacionalizado en desmedro de la calidad de vida de todos los argentinos”.
En el mismo sentido, José Testoni de la CTA Santa Fe, advirtió que “hay toda una andanada de medidas, diseñadas desde los organismos multilaterales de crédito, que van detrás del movimiento sindical, quieren derrotar nuestro modelo sindical argentino. Quieren desnivelar a favor de las empresas haciéndonos el “dos uno” con este gobierno”, aseguró el dirigente santafesino.
La reforma
El 31 de octubre pasado, Mauricio Macri reunió a empresarios, legisladores, jueces y gobernadores para ponerlos como testigos de la versión Cambiemos del “vamos por todo”. Desde el púlpito del CCK el presidente sostuvo que “tenemos que avanzar en reformas donde cada uno ceda un poco, empezando por los que tienen poder”, luego anunció: “vamos presentar algunas iniciativas que venimos conversando con los representantes del trabajo, orientados a la formalización del trabajo no declarado; a mejorar la capacitación; a crear nuevas formas de contratación para trabajadores que dan trabajo; a mejorar el equilibrio entre el trabajo y la vida familiar”. A los pocos días, el borrador presentado a la dirigencia de la CGT desmintió la benevolencia de lo anunciado.
El artículo primero del proyecto establece las bases del programa de reforma laboral. “Constituyen objetivos de la presente ley: (…) Promover la liberación de las fuerzas de la producción y del trabajo de todos aquellos mecanismos regulatorios y fenómenos distorsivos que impidan el desarrollo de las empresas como comunidades productivas, innovadoras, eficientes y competitivas”.
Como advierte la abogada laboralista, María Natalia Sachelli, “la declaración de objetivos el proyecto nos adelanta que dejará de lado cualquier principio protectorio del derecho internacional, y del derecho laboral, para centrar el punto de vista desde el empleador”.
“Es una declaración de guerra al derecho laboral, y a toda la evolución que desde décadas ha experimentado esta rama. El objetivo es simple: quitar toda protección a la parte más débil de la relación laboral, quedando en absoluta indefensión, y asegurándose que en ciertas situaciones ni siquiera pueda reclamar judicialmente por sus derechos”, asegura Sachelli, en un artículo publicado recientemente (1) donde advierte que la propuesta de la Alianza Cambiemos es regresiva respecto a los derechos ya consagrados y por lo tanto inconstitucional.
Esto es así porque la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (normas con jerarquía constitucional a partir de 1994) obligan a los Estados firmantes a garantizar la progresividad de los derechos consagrados en ellos, y como lógica consecuencia, prohíbe legislar en desmedro de lo existente ( regresividad).
Nuevo concepto de trabajo. Modifica el artículo 4 de la Ley 20.744 agregando un controvertido párrafo. “La cooperación entre las partes para promover esa actividad productiva y creadora constituye un valor social compartido, generador de derechos y deberes recíprocos, y una regla esencial de ejecución del contrato.” De esta manera se busca igualar la posición del trabajador y el empleador, destrozando uno de los pilares del derecho laboral que se propone la protección de la parte más débil de una relación desigual. Además, le adjudica al trabajador el deber de “promover actividad productiva”, subordinando sus intereses a los objetivos lucrativos del empleador.
Renuncia de derechos. El artículo 40 del proyecto suprime el artículo 12 de la ley 20.744, por el cual se consagra que los derechos adquiridos en el ámbito de la negociación colectiva son irrenunciables al momento del contrato individual de trabajo. La supremacía de la norma más favorable al empleado es una de las garantías que tiene el orden público laboral para proteger a los trabajadores de las presiones patronales que buscan disminuir las condiciones salariales y laborales.
Piedra libre para la tercerización. Se elimina la responsabilidad del empleador principal sobre los subcontratados para la totalidad de la industria o comercio. De esta manera se permite extender la tercerización de tareas dentro de la empresa a través de “planteles externos”, “cooperativas de trabajo” y “agencias de trabajo eventual”, que en la práctica facilitan el desconocimiento de los convenios colectivos de cada actividad y la utilización de condiciones laborales y salarios más perjudiciales para el trabajador.
Despidos más baratos. Se propone abaratar los despidos sin causa disminuyendo el monto de la indemnización, para lo cual se elimina de la base de cálculo todos los adicionales al salario. Para algunas categorías de trabajadores directamente se suprime la indemnización y se la reemplaza por un fondo especial descontado mensualmente del propio salario.
Fin de las horas extras y mayor jornada laboral. El artículo 46 del proyecto propicia que en el marco de los Convenio Colectivos de Trabajo se organice un sistema de permuta o compensación horaria, de tal modo, que el empleador quede eximido de pagar extras cuando el trabajador compense el exceso de una jornada con la disminución de horas trabajadas en otra, con un límite máximo de diez horas diarias de jornada laboral. Le llaman “banco de horas” y para su funcionamiento se establece que la compensación debe realizarse dentro de un plazo máximo de un año. De esta manera se termina la jornada laboral de ocho horas y las horas extras se pagarían recién a partir de la número once. Hay que remontarse al año 1929 para encontrar una referencia similar, mientras que en el mundo, se discute repartir el trabajo existente reduciendo la jornada laboral diaria.
Amo y señor. Los empleadores tendrán la posibilidad de modificar a gusto y necesidad las condiciones de trabajo, desde el lugar hasta el horario; y para ello, en el artículo 42 del proyecto se le sigue reconociendo al trabajador el derecho de considerarse en situación de despido frente a estos cambios, pero se le quita el derecho (que ahora tiene) de solicitar ante la justicia laboral la restitución de las condiciones vulneradas mediante una medida cautelar. Solo se deja como vía de reclamo el procedimiento que el convenio colectivo de trabajo disponga. El detalle es que en la actualidad ningún CCT vigente regula este tema, y por lo tanto, frente a los abusos empresarios el único camino es considerarse despedido y demandar judicialmente el cobro de la indemnización.
¿Tiempo nuevo?
Los principios que inspiran el proyecto de Cambiemos se asemejan a las reformas laborales aprobadas en Brasil y Francia, a partir de las recomendaciones de los organismos multilaterales de crédito, y las necesidades de las grandes empresas que buscan mejorar su situación para insertarse en las corrientes del comercio global. El objetivo se presenta bastante claro: abaratar las condiciones de producción a costa de los salarios y el tiempo de vida de los trabajadores. Esta es una receta conocida para la Argentina. Los resultados ya los conocemos con la flexibilización laboral y la reducción de los aportes patronales de los 90. No se generaron nuevos puestos de trabajo y las empresas recibieron una millonaria transferencia de recursos que provocó la quiebra del sistema previsional.
En el caso argentino, el proyecto de reforma laboral, expresa el intento más ambicioso del sector empresario de modificar la legislación del trabajo desde que en 1976 la última dictadura militar trastocó gran parte de la Ley de Contrato de Trabajo aprobada dos años antes del golpe. Como señalan desde el campo sindical, estamos frente a un verdadero programa de los empleadores en materia de relaciones laborales, en el que se abordan prácticamente todas las demandas del sector empresario, quedando quizás para una etapa posterior la modificación del sistema de representación sindical y la negociación colectiva.
También desde el ámbito académico surgen advertencias sobre las consecuencias de esta propuesta. Martín Carné, es Doctor en Ciencias Políticas y becario del Conicet en el ámbito de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL. En diálogo con El Sector, señaló que el proyecto oficial “va en la dirección muy clara de ponerse del lado del empresario para que este tenga mayores facilidades para despedir y menores costos para contratar”.
“Mi perspectiva no es demasiado alentadora -afirmó Carné – porque el espíritu que anima la reforma es abaratar los costos de contratación y despido en una modalidad que se conoce como “flexibilización externa”, mientras que las otras medidas propuestas son una “flexibilización interna o tecnológica” como la polivalencia, los bancos de horas, etc. , donde lo que se busca es que el trabajador acepte otras modalidades de organización del proceso productivo que representan un retroceso sobre derechos laborales que se consiguieron con muchos años de lucha sindical pero que hoy en día están en riesgo”.
Como se trata de relaciones laborales, que tienen influencia sobre el conjunto de la organización social, Carné advierte que lo más preocupante de la reforma de Cambiemos “es el tipo de sociedad que se estructura con una población asalariada que se ve expuesta a condiciones contractuales tan empobrecedoras. Si gran parte de los trabajadores están con contratos por tiempo determinado o precarizados, esa persona no sabe que va a ser de su vida y tiene que aceptar convivir con mayores niveles de inseguridad personal y familiar, con consecuencias sociales preocupantes”.
Envalentonado con el resultados de las elecciones legislativas, el gobierno nacional pisa el acelerador y avanza con las reformas del sistema laboral, impositivo y jubilatorio, dejando de lado las crecientes advertencias y dibujando un escenario artificial con “oportunidades para todos” levantando el argumento de ganar competitividad y aumentar el empleo. Esto ya lo escuchamos en el periodo de la Convertibilidad (1991-2001), cuando los cambios en la legislación del trabajo y previsional degradaron las condiciones de vida de los trabajadores, nos condujeron al aumento del desempleo abierto y provocaron una transferencia recursos fiscales hacia a las empresas superior a los 19.000 millones de dólares.
Resta saber si tropezaremos dos veces con la misma piedra.
(1) “Por qué la pretendida reforma laboral, es regresiva y por ende, inconstitucional”. Dra. María Natalia Sachelli. www.rondima.com.ar
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“No queremos un país con la mano de obra barata”
La reforma laboral del gobierno nacional tiene varios aspectos, algunos son coherentes y creemos que hay que apoyarlos porque tenemos que pensar en los que no tienen trabajo, sin menoscabar los derechos del que tiene trabajo. Por eso vemos que hay dos problemas importantes, por un lado la cuestión de la tercerización y el otro los rubros de la indemnización. Nos parece que son temas negociables.
La tercerización es un gran problema porque para algunos abre la posibilidad de empresas fantasmas pero también le traslada a cualquiera que contrate un servicio de apoyo el riesgo de los empleados que no son propios.
Hoy es vox populi escuchar “no tomo más un empleado hasta que no se soluciones esto”. Las empresas, mal que mal, ya están acostumbradas a las regulaciones de las condiciones de trabajo, ahora, si se puede flexibilizar algo para modernizarnos, acoplarnos mejor al mundo y ser más competitivos y tener otros parámetros para medir productividad en planta, bienvenido sea.
Nosotros no queremos un país con la mano de obra barata, porque los principales clientes de la industria argentina son los asalariados, pedir sueldos bajos es perjudicarnos a nosotros mismos.
Como pías perdimos varias oportunidades de acolarnos a las revoluciones industriales. Si me pedís un modelo yo me quiero parecer a Alemania no a China, y en Alemania los sueldos no son baratos, pero son productivos.
Con sueldos muy buenos tendríamos que tener la posibilidad de ajustar en base a la productividad, la rentabilidad de las empresas, la capacitación de los trabajadores, y permitir premiar al bueno y castigar al malo.
Es una reforma necesaria, necesitamos el consenso, necesitamos sueldos buenos y pensar en el que no tiene trabajo.
Alejandro Taborda
Vicepresidente Federación Industrial de Santa Fe
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“La reforma laboral va a ser una fuente de nuevos conflictos”
La propuesta del gobierno nacional introduce una serie de modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo que en algunas situaciones son regresivas para los derechos de los trabajadores. Creo que esto va a generar problemas para lograr los consensos que tienen que tener toda legislación que regule el mundo del trabajo. Son normas que requieren de un gran consenso de los empresarios, los trabajadores, el estado y toda la comunidad jurídica. Porque cuando este no se da se abre un frente de discusiones, litigios y planteos de inconstitucionalidad.
El tema de las indemnizaciones es regresivo porque excluye una serie de componentes para el cálculo del monto, como aguinaldo, horas extras y otros ítems, que tiene como consecuencia que frente al despido al trabajador cobrará menos que en la actualidad.
Respecto al “ius variandi” en la actualidad está contemplado en la legislación, siempre y cuando no signifique un menoscabo para el trabajador, ya que en esos casos, el trabajador puede recurrir a la justicia en un trámite sumario con efectos suspensivos mientras se define la situación. Por lo que sabemos, en el borrador del gobierno nacional, este instrumento se elimina y se plantea que los casos sean discutidos en el marco de eventuales modificaciones de los convenios colectivos. Esto es bastante bravo para el trabajador porque se lo deja sin instancia de protección.
También avanza en la definición de trabajo planteando que se trata de una relación de colaboración. Esto tiene impacto sobre la definición de los derechos y las obligaciones de las partes. Esto abre las puertas a que se empiece a desconocer el principio que establece que el trabajador es la parte más débil de la relación de trabajo, y por lo tanto necesita de la protección del derecho laboral y las instituciones del Estado.
Tenemos que tener en cuenta que se pueden hacer reformas porque van cambiando las modalidades de los sistemas productivos o la incorporación de nuevas tecnologías, pero esto hay que hacerlo con consenso y sabiendo que como sociedad no podemos aspirar a lograr mayor competitividad sobre la base de la disminución de los derechos de los trabajadores.
Por el contrario, tenemos que apostar a la competitividad en base a buenas salarios, inversiones , conocimiento, productividad y calidad. Esto es importante tenerlo en cuenta porque siempre vamos a encontrar un país que esté dispuesto a precarizar más su trabajo para mantener su posición en el mercado, por lo tanto es un camino que ni siquiera desde un punto de vista económico resuelve el problema.
Así como está la reforma laboral va a ser una fuente de nuevos conflictos antes que una solución. Además no podemos poner excesivas expectativas que con la disminución de los derechos de los trabajadores se logra salir de una crisis económica. La experiencia demuestra que en contextos de dificultades estas recetas no han servido para motorizar la actividad. Hay que ver globalmente los costos de nuestra producción y no hacer caer todo el peso en la perdida de salarios y derechos de los trabajadores.
Julio Genesini
Ministro de Trabajo de la Provincia de Santa Fe

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